El director de la DIS Mariano Figueres asegura que tomarán decisiones necesarias para luchra contra actos ilegales. (CRH)
La Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) se convierte en una de las fuentes de mayor trabajo para el Gobierno de Luis Guillermo Solís, después de que anunciaran cambios en su funcionamiento. Para algunos analistas, se necesitan retoques profundos, otro apuesta a mantener su estructura y otros personajes han apostado a su eliminación.
El exministro de Seguridad Fernando Berrocal es tajante al respecto y dijo que “la guerra fría terminó hace más de dos décadas y, con ello, la misión para la que fue creada la DIS”. Agrega que mientras la DIS esté adscrita por ley al Ministerio de la Presidencia, será una “policía política”.
Por eso el exjerarca en el segundo gobierno de Oscar Arias insiste en que debe convertirse en la Dirección de Información Policial, Dipol, y debe estar adscrita al Ministerio de Seguridad, “con funciones de investigación e información en narcotráfico, criminalidad, organizada, terrorismo y seguridad del Estado”. Justamente incluye las tareas que anunció el nuevo director Mariano Figueres, la semana pasada.
Según Berrocal, una instancia superior, el Consejo de Seguridad, debe coordinar. Esta debe reunirse frecuentemente y ser integrada por el propio Presidente, los ministros de la Presidencia, Seguridad, Justicia, Relaciones Exteriores, el Fiscal General y el Presidente de la Sala III del Poder Judicial.
El analista en temas de seguridad Álvaro Ramos aseguró que en el país, al renunciar al ejército, es necesario tener una institución que se encargue de alertar a las autoridades respecto a amenazas externas, estructuras criminales, terrorismo y otras.
Ramos recuerda que se tiene una clara división entre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ – policía represiva) y la Fuerza Pública (policía administrativa), pero que la DIS podría atacar la corrupción si se lo propone. Aunque no tendría el ordenamiento y capacidad de perseguir delitos de corrupción más pequeños.
El exviceministro de Seguridad cree que la Dirección ha cumplido la labor para la cual fue diseñada y no necesita cambios en la estructura, aunque mencionó que el presidente Luis Guillermo Solís podrá darle la misión que considere, para investigar los temas que desee. Por eso defiende el resultado final en todos estos años.
Una ley para detallar tareas
El presidente Luis Guillermo Solís defendió el nombramiento de Figueres. (CRH)
Si bien existe desde 1963 en otra forma, la Ley General de Policía de 1994 y con la que se creó propiamente la DIS puede “detectar, investigar, analizar y comunicar al Presidente” información para prevenir hechos que impliquen riesgo para la independencia y la integridad territorial o la estabilidad del país.
Luego vino el decreto 32522 en 1995 que creó un reglamento para la institución la cual “estará a cargo de un profesional en un área atinente al cargo o de un funcionario cuya idoneidad técnica y calificada experiencia en el área de seguridad le hagan apto para el puesto”.
Del personal se dan algunos requisitos. En el campo académico define que se debe contar con el tercer ciclo de enseñanza general básica. Además se estipula que “deberán mantener en el mayor anonimato posible su identidad e igualmente absoluta reserva sobre la naturaleza de sus funciones, identidad de otros miembros del grupo de trabajo, ubicación de sus instalaciones, tipos de equipo con que se cuente y especialmente detalles y conocimiento que tengan sobre los asuntos que conocen en razón de su cargo”.
Tiene prohibido realizar allanamientos, interrogatorios, emitir citatorios ni participar en detenciones, aunque si el Director lo ve pertinente pueden solicitar a una autoridad judicial participar en un proceso junto a otros cuerpos policiales que si realizan esas labores. La DIS estará si un juez lo avala.
Ante la breve normativa, el Gobierno plantea la creación de una ley que defina más concretamente las funciones de la DIS. Mariano Figueres dijo que planean dialogar con las fracciones del Congreso, llevar un borrador y lograr un consenso. El Director dijo que se combatirá la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado y buscarán relaciones con agencias internacionales.
El analista en temas de inteligencia y exfuncionario del Ministerio de Seguridad Paul Chaves coincide en que se construya una ley. Además desechó la idea de espionaje, pues resalta que la DIS nace para analizar información, de la cual mucha es pública.
Tampoco ve que la Dirección realice las mismas labores de investigación del narco como lo hace el OIJ o la Policía de Control de Drogas, quienes investigan y detienen decomisos y a traficantes. Para Chaves la DIS debe identificar alcances políticos del narco y penetraciones de la actividad criminal en estructuras políticas.
El exministro Berrocal insistió en que el Consejo de Seguridad coordinará esas acciones y lograr que sean instrumentalizadas por el Ministerio de Seguridad. Mencionó que los informes de la Dipol que propone, en temas de narcotráfico, criminalidad organizada, terrorismo y seguridad del Estado, deben ser conocidos a ese nivel.
“Nadie, excepto el sistema judicial, mediante procedimientos de ley previamente establecidos y rigurosamente cumplidos (principio de legalidad que es inherente al sistema democrático) puede determinar quienes sí y quienes no, son buenos o malos ciudadanos. Lo contrario es el principio del autoritarismo”, dijo Berrocal tras las declaraciones de la semana pasada de Figueres.
Diputados quieren cerrarla, Exdirector aclara que fue sobreseído
El Gobierno pretende coordinar con otras autoridades para perseguir la corrupción. (Imagen con fines ilustrativos. / OIJ)
La DIS ha sido blanco de críticas en múltiples momentos de su pasado. En 1996 fue objeto de un escándalo por supuestas intervenciones telefónicas, tras una relación que tuvo con la empresa Astur. Esto abrió una investigación y hasta allanamientos a sedes de la Dirección. El hasta ese momento director Mario Soto fue suspendido e incluso se realizó un juicio en el cual, según el mismo Soto, “se me juzgó y declaró inocente por una falsa denuncia de haber prestado unas armas y herramientas. Se demostró que dichas armas y herramientas no existían en la DIS ni en el inventario, ni físicamente por lo que nunca las pude haberlas prestado”.
En el final de ese proceso en 1997, se determinó que no hubo ninguna escucha telefónica ilegal y Soto fue sobreseído. El exdirector de la DIS explicó que probó que las acusaciones eran falsas pues se hicieron pruebas con equipo y se demostró que no podían realizar rastreos de teléfonos de cable, además de que el edificio donde estaba ni siquiera tenía central telefónica del ICE por lo que era imposible realizar intervenciones. Además, reclamó que los equipos de Astur eran obsoletos. “Tengo a mi favor una sentencia con cosa juzgada y en una conciliación fui indemnizado. De intervenciones hicieron el ridículo, iban a decomisar como equipo de intervenciones una máquina de afinar carros y como sitio de intervenciones una instalaciones donde no había ni central telefónica”, aseguró.
En el 2008, la Fiscalía investigó al exsubdirector Roberto Guillén, por presunta estafa ya que supuestamente realizaba saqueos de cuentas corrientes de empresas y personas mediante el robo y la falsificación de cheques. Se le acusó del mal uso de una base de datos y eso provocó la renuncia del exdirector Roberto Solórzano, quien admitió negligencia en el manejo de las bases.
En el 2008, al periodista brasileño con treinta años de residencia en Costa Rica, Gilberto Lopes se le rechazó su solicitud de naturalización porque la DIS informó al Registro Civil de la existencia de un expediente o “anotación”. Lopes solicitó la información de cuáles eran esas anotaciones, pero le negaron la información por ser supuesto “secreto de Estado”.
El Tribunal Supremo de Elecciones concedió la ciudadanía a Lopes y la Sala Constitucional dio a la razón a un recurso de amparo, aclarando que la DIS no puede alegar confidencialidad si alguien quiere conocer cuáles anotaciones tiene. Ese fue uno de los escándalos en el gobierno de Óscar Arias.
Ahora, este lunes el Movimiento Libertario presentó un proyecto de ley para cerrar la DIS. El presupuesto de la institución para este año es de ¢3.306 millones. En años anteriores, el propio PAC propuso cerrarla, incluso el ahora diputado por segunda vez Ottón Solís abogó por el cierre de la entidad.
Por su parte, el exdirector de la DIS Mario Soto teme que se puedan realizar cambios al aparato legal que le permitan hacer escuchas. Pero por otro lado rescata que se podría lograr un cambio positivo de mayor análisis y acceso a bases de datos importantes.