El INVU mantiene suspendido un proceso de restructuración que pretende retomar su norte en proyectos habitacionales. CRH.
La reestructuración planteada por el gobierno anterior para el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), quedó sin validez, tras ser revisada por las nuevas autoridades y detectar aspectos que no benefician ni a los trabajadores ni a los usuarios, y menos a la misma institución.
Así lo explicó Sonia Montero, presidenta ejecutiva del INVU, acerca del análisis que realizó y determinó que no es conveniente aplicarla de la forma en que está planteada.
Ante las irregularidades encontradas, la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación (Mideplan) les dio permiso de plantear una nueva propuesta, en la que están trabajando enfocados en tres áreas primordiales que incluye viviendas de interés social, el sistema de ahorro y préstamo, y urbanismo.
“Yo me encuentro con una reestructuración de muchas por las que a pasado el INVU que a mi no me termina de convencer, por lo que como parte de los acuerdos de la Junta Directiva se decidió no promover las ocho plazas nuevas, producto de dicha reestructuración hasta tanto no tengamos claro el tema de la reorganización. La Contraloría y la Autoridad Presupuestaria indicaron que esa reorganización no tiene que ser, aunque se haya aprobado además por Mideplan”, explicó Montero.
En este sentido afirmó que otro de los aspectos que le sorprendió es que la propuesta de reorganización de la entidad no la realizaron personeros del INVU, sino que fue elaborada por la firma Deloitte, lo que desde su punto de vista no es lo ideal en este tipo de situaciones.
“Usted no puede llamar a alguien para que le reorganice su casa, usted lo hace junto con su gente; puede llamar a alguien para que lo asesore, pero quien toma decisiones es el dueño de la casa. ¡Me parece un mal chiste!”, agregó Montero.
La nueva jerarca del INVU, Sonia Montero afirma que trabajan en una nueva propuesta para organizar la institución. CRH.
Además aseguró que las autoridades que han pasado por el INVU en administraciones anteriores, según su criterio, han sido negligentes y omisos con el cumplimiento de los objetivos de la institución.
“Hay casos de personas que no tienen requisitos para casi nada en una institución pública y están nombrados en puestos de asistentes profesionales o en puestos donde francamente no entiendo como pudo suceder eso, y no tengo datos, pero lo cierto es que hay que corregirlo indistintamente de que haya una reorganización o no”, dijo la jerarca.
Reorganización suspendida
La reorganización planteada durante la administración Chinchilla Miranda, incluía la eliminación de 73 plazas con lo cual se proyectó la reducción en el gasto de planilla en aproximadamente ¢1.000 millones, procurando con ello lograr a largo plazo la sostenibilidad de esta Institución, como lo solicitó la Contraloría General de la República (CGR) el 09 de mayo del 2006.
Este plan se anunció el año anterior pero fue en los primeros meses de este año cuando se empezó a ejecutar con los primero despidos cuestionados por la Unión de Empleados de INVU (IneINVU), quienes plantearon un Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional.
Aunque la Sala no se ha pronunciado se mantienen suspendidas las acciones de despidos. “La suspensión dispuesta por el artículo 41 citado implica ordenar a las autoridades recurridas, suspender la ejecución de los actos administrativos relacionados con los hechos descritos en esta resolución y en la relación con los funcionarios indicados, hasta tanto la Sala no resuelva en sentencia el recurso o no disponga otra cosa”, se lee en la resolución de la Sala IV.
Para dicha reorganización la CGR aprobó ¢3.800 millones destinados al pago de prestaciones legales e indemnizaciones según el oficio DFOE-AE-0153 del 17 de abril del 2013.