En la imagen el Presidente Luis Guillermo Solís con el diputado cristiano Fabricio Alvarado. CRH
El Gobierno y las fracciones cristianas impulsan un proyecto de ley que, entre otras cosas, pretende la creación de una Dirección de Asuntos Religiosos y culto adscrito al Ministerio de Justicia y con cargo al presupuesto nacional, que tendrá como función “asesorar al Gobierno en temas relacionados con libertad religiosa”.
La iniciativa fue presentada en la administración anterior por el diputado del Partido Restauración Nacional (PRN) Carlos Avendaño, pero no tuvo mayor avance. En la actual legislatura, el diputado de la misma fracción Fabricio Alvarado lo impulsa y encontró eco en el Gobierno que lo convocó en sesiones extraordinarias.
Las funciones de la “Dirección de Asuntos Religiosos” serán “asesorar al gobierno en temas que tengan que ver con la libertad religiosa y levantar una lista de los feriados obligatorios y de pago concernientes a actividades religiosas” así como ejercer “la rectoría de todos los asuntos relacionados con las organizaciones religiosas y con los creyentes en la práctica de su fe, y que por su naturaleza no se encuentren bajo el amparo de otras instituciones públicas. Asimismo, velará por la correcta aplicación de la presente ley”. Es decir, creará un órgano burocrático para velar por los diferentes credos religiosos que se profesen en el país, con un director y subdirector a su cargo, un consejo consultivo y un registro, entre otros.
Establece además, que las organizaciones religiosas tendrán derecho a recibir diezmos, ofrendas, donaciones, legados, herencias y contribuciones públicas o privadas, para su sostenimiento, y organizar colectas entre sus fieles o la comunidad en general. También, podrán obtener donaciones de personas físicas y jurídicas, nacionales o extranjeras, para el mantenimiento del culto y para los servicios de asistencia social que presten, sin fines de lucro.
La propuesta, pese a que fue convocada por el Gobierno, no cuenta con el apoyo de todo el Poder Ejecutivo, al menos por ahora, pues la vicepresidente Ana Helena Chacón, afirmó vía Twitter que no conocía el proyecto ni estaba enterada de la convocatoria y que la misma no implica necesariamente su apoyo.
“Les comento que estoy muy enferma y el proyecto de libertad religiosa me tomó por sorpresa, voy a estudiarlo antes de emitir un criterio”, publicó Chacón. Más adelante, alegó que convocar un proyecto no es sinónimo de apoyarlo: “Lo único que les puedo decir por el momento, es que convocar un proyecto no es equivalente a respaldarlo sin que medien otros sectores”.
La diputada del Frente Amplio Ligia Fallas, afirmó que la legislación es un serio paso en reversa ante la declaratoria de Costa Rica como un Estado Laico, donde efectivamente se respeten todos los credos, pero no se financie a ninguno.
“Nosotros solicitamos varios proyectos importantes y no fueron convocados y sí convocan este que lo que hace es que otras iglesias tengan los mismos beneficios que la Iglesia Católica. ¡Hasta el Papa Francisco ha hecho un llamado al Estado laico! La población lo urge y esto lo que hace es darle más fuerza al estado confesional”, afirmó Fallas.
La legislación autoriza también a que las entidades religiosas establezcan relaciones de cooperación con autoridades estatales, para la realización conjunta de tareas educativas, culturales, benéficas, de apoyo social, recreativas y sanitarias entre otras; a favor de la comunidad, y de las personas en particular.
La propuesta, aunque no plantea nada referente al Estado Laico, si hace la salvedad de que los padres de familia o tutores de menores de edad o personas con discapacidad, podrán elegir que tipo de educación religiosa recibirán sus hijos en los centros educativos y no se limitará a la religión católica como se hace actualmente.
La ley declararía de interés público la actividad realizada por las organizaciones religiosas. “El Estado debe orientar sus acciones, programas y proyectos, hacia el fomento del fortalecimiento de la actividad religiosa y de las organizaciones religiosas, en beneficio de los ciudadanos en particular, y de Costa Rica, en general”, dicta la propuesta de ley, que le otorgaría al Estado labores de registro, consejería y trabajo burocrático relacionado con el tema religioso, recargando al sector público con funciones organizativas.
El proyecto de ley 19.099: “Ley de la Libertad Religiosa y de Culto” ingresó en el orden del día del Plenario gracias a la convocatoria de sesiones extraordinarias. Puede consultar el proyecto aquí.