El 12 de diciembre, el Presidente levantó el veto a la Reforma Procesal Laboral. (Imagen de Casa Presidencial)
El conflicto suscitado por la Reforma Procesal Laboral se mantenía en cierta calma, a la espera de la decisión final de la Sala Constitucional. Pero el criterio negativo de la Procuraduría General de la República vuelve a presionar al Gobierno, en uno de sus planes más defendidos.
El Procurador Adjunto, Jorge Oviedo, recordó que la acción de inconstitucionalidad, por la cual respondieron, está interpuesta contra el levantamiento del veto que hizo, el gobierno de Laura Chinchilla, el 20 de mayo del 2013, por razones de inconstitucionalidad.
El abogado del Estado no analizó las razones de los tres actos en cuestión, sino el proceso del veto y los dos levantamientos, a la luz del artículo 128 de la Constitución Política, que ordena el proceso para levantar un veto.
Cuestión de forma: los diputados debieron enviar el tema a la Sala
Es la tercera ocasión en que la Procuraduría difiere con el Gobierno. (CRH)
La opinión de la Procuraduría, que no es vinculante pero si es un gran peso ya que son por Ley órgano consultor de la Sala, se basa en que cuando Laura Chinchilla levantó parcialmente su propio veto se dio por razones de constitucionalidad. Esto implica que tenía que llevar su propio procedimiento.
Oviedo explicó que al ser el acto – tanto en el veto como en el posterior levantamiento – de tema constitucional, los diputados debían enviarlo inmediatamente a la Sala Constitucional, para que diera su resolución, sobre las razones del Poder Ejecutivo.
El Procurador Adjunto señaló que por razones de inconstitucionalidad, el veto no se puede retirar, pues se ve limitado por la Constitución. Según la interpretación de la Procuraduría, el Congreso debe indicar si acepta las razones del Ejecutivo. Si es así, se eliminan las normas objetadas. Sino, entonces se debe enviar de forma obligatoria, a la Sala.
¿Qué dice la Constitución?
Artículo 128
Si el veto se funda en razones de inconstitucionalidad no aceptadas por la Asamblea Legislativa, ésta enviará el decreto legislativo a la Sala indicada en el artículo 10, para que resuelva el diferendo dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que reciba el expediente.
Se tendrán por desechadas las disposiciones declaradas inconstitucionales y las demás se enviarán a la Asamblea Legislativa para la tramitación correspondiente. Lo mismo se hará con el proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa, cuando la Sala declare que no contiene disposiciones inconstitucionales.
9 de octubre, 2012
La entonces presidenta Laura Chinchilla envía al presidente de la Asamblea Legislativa, Víctor Emilio Granados, la carta oficial mediante la cual realiza el veto parcial al Decreto Legislativo 9076 – Reforma Procesal Laboral.
En el documento, Chinchilla relata que tras el análisis del proyecto de ley del momento, si bien aceptaban la necesidad de ajustar la legislación laboral, encontraron dos aspectos inconvenientes y de inconstitucionalidad, dos motivos para hacer el veto.
La doctrina costarricense permite vetos parciales, con lo cual el Poder Ejecutivo sanciona (o aprueba) las partes no objetadas. Pero no se puede promulgar parcialmente ese texto aprobado, ya que todo el proyecto debe regresar al Congreso. Eso si, igual debe enviar su veto.
Sus dos objeciones fueron la permisión de huelgas en servicios esenciales, que es contrario al artículo 68 de la Carta Magna, bajo ese análisis de Presidencia. También alegó las consecuencias de paros en el campo de la salud, entre otros.
Por otro lado vetó la prohibición para contratar personal temporal para sustituir a huelguistas, hasta que el movimiento haya sido calificado ilegal. “Tal situación limita inconvenientemente las potestades atribuidas constitucionalmente al Poder Ejecutivo”, expresó.
20 de mayo, 2013
La propia Laura Chinchilla retira el veto, pero únicamente el que hizo por razones de inconstitucionalidad. Fue el primer levantamiento del veto, también parcial, que se hizo por medio del acuerdo del Poder Ejecutivo DP-316-2013.
12 de diciembre, 2014
El presidente Luis Guillermo Solís realiza el segundo retiro del veto, ahora por las razones de inconveniencia u oportunidad, con el Acuerdo Ejecutivo N.° 21-MP-MTSS-MJ. Con esta decisión, la Administración terminó de levantar ese veto que realizó Chinchilla.
Todo lo siguiente estaría viciado
Según la Procuraduría, se busca “proteger la supremacía de la Constitución”. Al ser un proceso especial, el retiro del veto del 2013 sería inconstitucional. Mismo defecto tendrían los actos siguientes, es decir el levantamiento del 2014, hecho por Luis Guillermo Solís, esto si los magistrados coinciden.
El Procurador Adjunto, Jorge Oviedo, insistió en que el procedimiento era obligado y los diputados debían enviar el levantamiento, por razones constitucionales, a la Sala.
El presidente de la Asamblea Legislativa en el periodo 2013-2014, electo el 1° de mayo, Luis Fernando Mendoza, aseguró que en ese momento no se dio una discusión por el tema, en el plenario. El Directorio envió el veto a la Comisión Dictaminadora, que era la de Asuntos Jurídicos.
Solamente se discutió por una resolución de Mendoza por el lugar donde se ubicaba el veto en el orden del día, al ser un proyecto con algún nivel de dictamen. Según el exdiputado, regresó al Plenario, cuando se afirmó que estaba en el lugar correcto, más allá del puesto 150.
Gobierno tranquilo a la espera del fallo final: es una opinión
La Procuraduría ya había contrariado al Ejecutivo, en el nombramiento de Melvin Jiménez y el levantamiento del veto por la calle 13 bis. (CRH)
Casa Presidencial no quiso externar su posición por medio de ninguno de sus jerarcas, sino que lo hizo por medio de su representante legal.
Marvin Carvajal, director jurídico de la Presidencia, dijo que la conclusión a la que llegó la Procuraduría era una de las posibilidades que barajaban en Zapote.
Carvajal dijo que en la casa de Gobierno se respeta la opinión de la Procuraduría, que calificó como importante, pero recordó que esta no es vinculante.
Desde el punto de vista de Carvajal, hay varios aspectos que se deben de sopesar y que respaldan su criterio de que la acción de inconstitucionalidad carece de validez.
Entre ellas mencionó que los diputados que presentaron la acción carecen de legitimación para hacerlo, pues no pueden ponerla solo para eliminar una norma, sino que tienen que verse afectados de manera directa e indirecta, lo que su criterio no sucede.
Sector privado celebra pronunciamiento de la Procuraduría
Las huelgas en servicios esenciales, como los médicos, fue uno de los puntos en conflicto. (CRH)
El presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR), Francisco Llobet, manifestó que la noticia se da “en buena hora”, aunque no es vinculante para la Sala Constitucional.
“Creemos que el levantamiento de veto a la reforma procesal laboral alejaba la inversión privada, nacional y extranjera y amenazaba el panorama jurídico del sector empresarial, esto porque promueve la convocatoria a huelga y la imposibilidad de sancionar oportunamente”, destacó.
Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), manifestó que están muy contentos con la noticia debido a que esto ayudaría a dar más confianza a la inversión y también a prohibir que se hagan huelgas en servicios esenciales como la salud y la educación.
El vicepresidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) José Alvaro Jenkins, invitó a las autoridades a que acojan ese criterio.
Esto con el propósito de resguardar la vida, la salud y la seguridad de los costarricenses, así como la necesaria seguridad jurídica para incentivar la generación de empleos en el país.
“El sector productivo reitera su compromiso con la búsqueda de la agilización de la justicia laboral, tanto para trabajadores como para patronos.
Pero también insiste en la necesidad de corregir el proyecto de modo que se permita la contratación de trabajadores temporales que operen los servicios suspendidos por huelgas, así como las sanciones laborales, penales y civiles por el ejercicio abusivo del derecho o por la coacción o la violencia sobre personas y bienes”, agregó Jenkins.
Lunes 29 agosto, 2005
Este día el gobierno de Abel Pacheco envío al Congreso el proyecto número 15.990. El texto contaba con el respaldo de la Corte Suprema de Justicia.
Martes17 agosto, 2010
Después de cinco años en la corriente legislativa, el plan fue dictaminado por la comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.
Lunes 13 de diciembre , 2010
El proyecto fue aprobado en primer debate por los diputados.
Jueves 13 de setiembre, 2012
El expediente fue aprobado en segundo debate en el Plenario.
Martes 9 de octubre, 2012
La entonces presidenta de la República, Laura Chinchilla vetó el plan. El veto quedó en firme cuando salió publicado en el diario oficial La Gaceta el 19 de marzo de 2013.
Viernes 12 de diciembre, 2014
El presidente de la República, Luis Guillermo Solís levantó el veto a la Ley Procesal Laboral y anunció que firmaría un decreto que prohíba la realización de huelgas en servicios esenciales mientras se reforman, mediante el proyecto de ley supracitado, los artículos de la ley vetada que avalan este aspecto. La ley entrará a regir en mayo de 2016, pues contempla que entrara a regir 18 meses después.
Decisión en pleno escándalo y pugna entre Ejecutivo y Procuraduría
El criterio de la Procuraduría General de la República llega cuando aún no se asienta el escándalo por el Caso Soley, que se desató hace dos semanas, por el supuesto ofrecimiento del exvicepresidente Daniel Soley de una embajada, a la Procuradora Ana Lorena Brenes, para que dejara el cargo antes de su plazo.
Tras comparecencias, cuestionamientos a la Presidencia y hasta dimes y diretes porque las versiones no calzan, el Legislativo aún no ha emitido sus recomendaciones, que el Ejecutivo aún no ha dicho si acatará.
Martes 6 de enero, 2014
El viceministro de la Presidencia, Daniel Soley, mantiene una conversación y reunión con la procuradora General de la República, Ana Lorena Brenes, primero en el despacho de esta y luego en un café en Los Yoses, San Pedro.
Soley le comunicó a su superior inmediato, Melvin Jiménez, que realizaría el diálogo y le comentó cuando regresó tras el mismo; si bien para el Ministro no fue una reunión oficial ni ordenada, sino una conversación entre “amigos”.
Lunes 12 de enero
La procuradora General de la República, Ana Lorena Brenes, pide al presidente, Luis Guillermo Solís, una reunión de emergencia para conversar sobre la cita con Soley.
El mandatario le asegura que no dio ninguna orden para que se realizara la reunión; para ofrecer puestos a cambio de que dejara el suyo; y descarta cualquier tipo de presión.
Antes Soley dio una entrevista al diario La Nación sobre su reunión. Le informa al Ministro Jiménez, mientras Brenes estaba a punto de realizar la audiencia con el Presidente. Posteriormente se contraponen la queja de la Procuradora con la versión del Viceministro.
Martes 13 de enero
El diario La Nación publica que la Presidencia, a través de su viceministro Daniel Soley, ofreció un puesto en una embajada, a la Procuradora. Esto – según la publicación – para alejar de su puesto a Ana Lorena Brenes, que sería una persona incómoda para el Gobierno, por dos informes contrarios al criterio oficial.
Inician las críticas
El diputado Ottón Solís lanza críticas y asegura que Daniel Soley debe renunciar y nunca volver a la función pública. Ya cuando se le nombró Viceministro, el diputado y fundador del PAC lo criticó, pues cuando Soley fue Defensor de los Habitantes pidió a la Sala Constitucional que ordenara al Estado la compra de la vacuna del neumococo, remedio que fue comprado a una empresa para que la que trabajaba su hermana y cuñado.
Los diputados del Partido Liberación Nacional arremeten contra la presunta oferta y el Frente Amplio pone en duda su alianza con el Gobierno
El Presidente habla
Tras regresar de China y realizar el Consejo de Gobierno, en la conferencia de prensa, el presidente, Luis Guillermo Solís, desmiente que quiera “socavar” a la Procuradora y asegura que respeta su trabajo y planea estar cerca de la institución, a pesar de criterios opuestos.
Agrega que no conocía de los detalles. “No estuve presente en la reunión ni he pedido un detalle”, dijo, a pesar de que un día antes, la Procuradora le dio su versión de los hechos y Soley los suyos.
Jueves 15 de enero
El ministro de Relaciones Exteriores, Manuel González, se suma a la voz del Presidente Solís y aclara que nunca se ordenó un ofrecimiento de una embajada, competencia de su cartera y del mandatario. Agrega que cada quien debe asumir sus errores, si se dieron.
Los partidos de oposición elevan el tono y presionan al Gobierno por lo que consideran un acto de corrupción, para que se destituya a Daniel Soley. El propio PAC pide al Poder Ejecutivo una respuesta sobre el asunto. Incluso ocho de los 13 diputados oficialistas critican el acto.
Sábado 17 de enero
Casa Presidencial anuncia que Daniel Soley renunció al cargo. En su carta aduce que siempre cumplió con la legalidad y aduce que su familia se ve afectada por la situación. En cartas, el ministro Melvin Jiménez defiende su trabajo y no se refiere al supuesto ofrecimiento.
Domingo 18 de enero
Por medio de una carta al presidente del Congreso, Henry Mora, Melvin Jiménez asegura que se referirá al tema, ante los diputados en una comisión.
Lunes 19 de enero
La Procuradora envía un comunicado de prensa en la que confirma que en la reunión se tocó el tema de su permanencia en el cargo y que está anuente a hablar del tema en la Asamblea Legislativa.
Los diputados de la Comisión para el Control del Ingreso y del Gasto Público aprueban las mociones para convocar a audiencia, a la procuradora General, Ana Lorena Brenes, el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez y el ex viceministro Daniel Soley.
Luego, el Ministro Jiménez leyó un comunicado en el que culpó a la prensa; avaló la versión de Soley y no desmintió a la Procuradora.
Jueves 21 de enero
El diario La Nación publica la entrevista íntegra de Daniel Soley sobre el caso, en el cual admite que efectivamente se tocó el tema de la posibilidad de ocupar puestos en embajadas y otros puestos. Pero fue “en un esquema de donde ella se proyectaba en el futuro”.
