La Municipalidad adeudaría más de 2.000 millones de colones a muchos empleados. (Imagen de la Municipalidad)
Tras más de 10 años de proceso judicial, la Municipalidad de Desamparados se enfrenta a la posibilidad de tener que pagar más de ¢2.000 millones a sus empleados, por la falta de aplicación de lo establecido en la convención colectiva de los trabajadores.
Sin embargo, aún hoy, tras múltiples fallos a favor del Sindicato de Trabajadores Municipales, que interpuso la demanda en el 2003 y hasta una orden de embargo, el Poder Judicial no termina de definir y las sentencias siguen sin acatarse.
El gremio critica fuertemente a la alcaldesa Maureen Fallas, a la anterior administración del Sindicato y a los tribunales por no poder dar una respuesta. Incluso asegura que hay un “compadre hablado” en toda la situación.
La cantidad de fallos favorables y que aún así no se ejecuten es lo que más preocupa al órgano. Pero además cuestionó un finiquito que la Alcaldesa Fallas realizó con el secretario pasado Eduardo Vindas, por un monto que no contempló todos los pagos y ni siquiera fue consultado en Asamblea con los agremiados.
El tema es motivo de conflicto desde un fallo de la Sala Constitucional en el cual el exalcalde de Desamparados, Carlos Padilla, interpretó como una prohibición de la convención. Tras una aclaración, se normalizó, no sin antes darse una huelga en el 2006.
En el 2003, el Sindicato acudió a los juzgados, pues no se pagaban adecuadamente los beneficios de la convención, desde el 2000. Aunque luego hubo un diálogo, un intento de normalizar las relaciones y homologar una nueva convención, no se logró y los pendientes en pago iniciaron.
Cambio de posición en el mismo juez
La asesora y expresidenta del Sindicato, Ligia Valerio, critica la acción de la Alcaldesa y del Poder Judicial. (CRH)
crhoy.com consultó a la Oficina de Prensa de la Corte Suprema de Justicia por el estado del expediente y señaló que “se están presentando las certificaciones de los bienes embargables para proceder con los embargos”.
No obstante, las más recientes decisiones en torno al tema del embargo alteró aún más al Sindicato.
En una notificación del Juzgado Civil y de Trabajo del III Circuito Judicial de San José, a las 15:45 del 3 de febrero del 2015, el juez Patrick Ramos Chavarría notificó a ambas partes de la orden de embargo sobre los bienes de la demandada, se despachó ejecución y se decretó dicho embargo hasta por una suma de ¢2.148.852.492 colones.
Preo a las 10:38 a.m. del 6 de febrero del 2015, tres días después, el mismo Juzgado y el mismo juez Ramos Chavarría, ahora firmando juez a.i., revirtió su decisión previa.
“No consta aún suma líquida y exigible a embargar, sino que será hasta que se resuelva en definitiva acerca de la liquidación presentada por el Sindicato actor donde se establezcan los montos que eventualmente la Municipalidad demandada aún adeuda”, afirmó sin mayor explicación. Este miércoles, este medio consultó al Poder Judicial por el cambio, pero aún no recibe respuesta.
Ligia Valerio, asesora legal del Sindicato, mostró su preocupación y frustración por el hecho de que no se ejecuta. Además, criticó fuertamente las “maniobras” de Maureen Fallas para no realizar el pago. Asimismo, dijo que afectará a la municipalidad, pues la deuda crece y finalmente se pagará con presupuesto municipal.
Melvin Corella, operador de máquina, recibió un pago de menos del 10% de lo que verdaderamente se le debía en los años de incumplimiento. Por eso lamentó el atraso.
Ligia Valerio ya adelantó que no apelarán más, para no prestarse a un juego político, y presionarán con manifestaciones. Uno de sus mayores reclamos es que nunca se hizo una asamblea en el 2010 para aceptar el finiquito y nunca constó en actas.
Solo hay un documento del 12 de marzo, sin membrete ni sello del Sindicato, del cual crhoy.com tiene copia.
Alcaldesa defendió un pago
La alcaldesa Maureen Fallas justificó que ya se hizo un pago. (Imagen tomada del Facebook de la Municipalidad)
Consultada por este medio la semana pasada, Maureen Fallas aceptó que hay una situación de inconformidad por medio de una demanda, pero defendió el pago.
“La cuenta ha sido cancelada a través de acuerdos individuales con el sindicato anterior (integrantes anteriores), un acuerdo entre partes de un pago que para nosotros representa el 100% de la deuda”, dijo Fallas.
Sin embargo dicho pago, según documentos en poder del Sindicato, son de alrededor de ¢200 millones. La Alcaldesa insistió en que las autoridades gremiales anteriores lo aprobaron y citó que el pago exigido hoy es “excesivo”, aunque respetó su derecho de buscarlo en la vía judicial.
“El arreglo de pago fue por ¢300 millones de colones – en promedio – por motivo de aumentos salariales que se habían dejado de cancelar”, comentó Fallas, que está en este cargo desde el 2007.
Este miércoles se intentó conversar nuevamente con la Alcaldesa, pero ni contestó llamadas a su celular. Se le dejó el mensaje con la encargada de prensa del Municipio, pero aún no se tiene respuesta.