Gilberth Armijo, Presidente de la Sala Constitucional. Archivo CRH
Para Gilberth Armijo, Presidente de la Sala Constitucional, el caso del nombramiento de Melvin Jiménez como Ministro de la Presidencia es el más complejo de los últimos años. Esto, luego de que el martes se diera a conocer la decisión de dar trámite al recurso de amparo interpuesto contra la designación de Jiménez en el gabinete presidencial.
La situación recae en la investidura religiosa del funcionario, quien es Obispo Luterano, y según el recurso, el nombramiento del ministro viola el artículo 142 de la Constitución Política que establece como uno de sus requisitos para ejercer ese cargo ser del ‘estado seglar’.
“La problemática que plantea refleja que en la sociedad hay diferentes posiciones en relación a los alcances de lo que establece la norma constitucional. Incluso, si es posible conocerlo a través de amparo o a través de un recurso de constitucionalidad. Es una temática antigua. Desde la Constitución de 1871 ya se establecían algunas limitaciones para que las personas que estén vinculadas de manera permanente con algunos de los credos estén en un puesto de relevancia en el Estado”, afirmó Armijo.
El magistrado indicó que la Constitución posee algunos límites, en especial algunos que vio el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para los funcionarios en las municipalidades. Tuvo otra visión diferente en relación con los diputados y en relación a los magistrados o funcionarios de gobierno es claro en que no deben tener ningún cargo de relevancia religiosa.
“Esta temática es la que estamos conociendo a través del recurso de amparo y esperamos resolverlo de la mejor manera, de la forma más objetiva posible… Desde luego es un tema muy complejo, con diferentes posiciones aun dentro de la misma Sala e implica mucha discusión y estudio. Lo que se decida tendrá consecuencias muy fuertes en relación a este tipo de situación”, agregó Armijo.
Para el magistrado este caso tiene absoluta prioridad y se sale de lo normal principalmente porque “es la primera vez que se nombra un Obispo Luterano como Ministro de Gobierno, es una situación nueva para el país y la Sala”.
El caso será meditado y muy estudiado, sobre todo por las diferentes posiciones que tendrán los magistrados. De tener un acuerdo o un consenso la votación podría ser más agilizada, pero en caso de que se presenten opciones de solución la discusión podría variar.
Jiménez respetará decisión
Melvin Jiménez, Obispo Luterano es el Ministro de la Presidencia. Archivo CRH.
Al ser consultado sobre el tema, Melvin Jiménez aseguró que está en total disposición con la Sala Constitucional y afirmó que respetará la decisión por la que se decanten la mayoría de los magistrados.
“Quedo a la disposición de la Sala IV y respetaré la decisión de ellos. Como he dicho, lo que quiero es ayudar al país y concentrarme en las propuestas que el señor presidente (Luis Guillermo Solís) me ha designado para hacer real los pilares que ofrecimos. Espero que ellos (los magistrados) tengan que trabajar y resolver. En su momento acataré lo que ellos decidan”, comentó el ministro.
El funcionario expresó en la mañana de este miércoles que todavía no había sido notificado. Negó conocer a la persona que interpuso el recurso, de apellidos Orozco Caballero, y reiteró que no lo tomó por sorpresa.
“Ya sabía que había en el ambiente gente con la que creímos no tener un conflicto, pero un país de derecho todo mundo puede utilizar los mecanismos que existen para dirimir dudas. Lo que acontece es lo que debe acontecer en cualquier sistema democrático”, recordó Jiménez.
Panorama complejo
Fabián Volio, abogado constitucionalista y exmagistrado, señaló que no conocía a profundidad el caso de la designación de Jiménez. Pero afirmó que sí existe un problema, tanto para la Sala Constitucional como para el ministro y coincidió con la complejidad del tema.
“El artículo 142 es muy claro, diciendo que no existe una restricción para ser electo diputado o regidor, pero sí para ser designados o nombrados como ministros. No es un acto electoral, sino que es un acto de discrecionalidad política del presidente, por eso la regulación me parece muy clara: ser del estado seglar. Lo que se busca es que no haya una vinculación de una autoridad religiosa con el gobierno”, recalcó Volio.
Manrique Jiménez, abogado constitucionalista, compartió la complejidad del proceso y sentenció que desde el punto jurídico de fondo la Constitución es muy clara en cuanto a la participación de ministros con participación religiosa dentro del gobierno. Afirmó que la interpretación de que el estado seglar agrupa únicamente a los católicos es errónea.
“Interpretar de cuando se habla del estado seglar se refiere a cléricos o católicos, sin incluir a todas las denominaciones religiosas, es entrar en una discriminación de trato… Me parece que sería absurdo que con esta interpretación dejamos abierta la posibilidad de que todo el Poder Ejecutivo y la administración central puedan ser miembros activos en la jerarquía de la organización de diversas religiones”, dispuso el especialista.
Sin embargo, Jiménez afirmó que tres aspectos serían claves en el caso desde el punto de vista procedimental-técnico.